Los poderes del nuevo Presidente de esta república, Sebastián Piñera, recibidos por segunda vez consecutiva de la que, se suponía, era una contendora insuperable, Michelle Bachelet, llegaron con una “marraqueta” bajo el brazo: un proyecto de ley de reforma que establece una nueva Constitución Politica para el país. Y aunque a él nunca le ha simpatizado este tema y ha llegado dos veces a la Presidencia tratándolo en forma despectiva, ahora tiene una posibilidad de deshacerse del mismo no ignorándolo precisamente, sino más bien buscándole un acomodo en su favor mediante el ya manido “consenso (político) nacional”.
Después de todo, el llamado “proceso constituyente” de Bachelet, que dio inicio a la propuesta, no le resulta descabellado: una consulta popular perfectamente organizada y controlada por el gobierno, con opiniones no vinculantes y revisadas por éste, y una ínfima participación ciudadana, poco más de 200 mil personas, según la cifra oficial. La redacción del texto final, además, fue ajena a los partidos oficialistas y su destinatario directo siempre estuvo meridianamente claro: el Congreso Nacional y su valiosa experiencia en acuerdos político-legislativos estrictamente apegados a la institucionalidad neoliberal en vigor. Nada que se parezca a una Asamblea Constituyente. Nada que concuerde con las campañas en ese sentido realizadas por organizaciones sociales ni con los acuerdos partidarios adoptados en la propia coalición entonces en el gobierno.
Correspondiente con eso, la mayoría ciudadana, largamente desafectada de la política -excepto cuando siente dañados intereses particulares-, recibió con esperable indiferencia una materia como la presentada, densa, multiforme y asociada interesadamente a salones políticos y jurídicos. La propia autora del nuevo proyecto admitió (en privado) el gran desconocimiento reinante en la población chilena acerca de lo que significa la Constitución de su país; no podía hacerlo públicamente, porque fue la extinta Concertación la principal promotora de tal ignorancia.
Con tales antecedentes, la ahora ex gobernante procedió en consecuencia.
Pobre soberanía
“La soberanía reside en la nación”, comienza advirtiendo el artículo 4 del proyecto de Bachelet. Aunque agrega enigmáticamente: “y en sus diversos pueblos indígenas”. Asimismo, y pese al antiguo discurso concertacionista y nuevomayorista contrario a los cerrojos, la propuesta mantiene, en su Capítulo XV, el quórum mínimo de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio para aprobar una reforma constitucional. En el caso que el Congreso prefiriera un mecanismo distinto para elaborar una nueva Carta Fundamental, le otorga la posibilidad de convocar a una “Convención Constitucional”, cuya elección, integración, organización, atribuciones y funcionamiento deberán ser determinados por una ley orgánica constitucional, es decir, por los mismos congresistas… y siempre que alcancen un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
La soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, preceptos tradicionales de la democracia, siguen siendo malentendidos y proclamados por nuestros conductores como sinónimo de atraso y violencia, o bien, en el mejor de los casos, como una meta inalcanzable para un pueblo limitado como el chileno.
Restricciones a la familia y la religión
El artículo más controversial podría ser el número 1, que si bien reitera que la familia “es el núcleo fundamental de la sociedad”, añade que aquélla tiene “diversas modalidades”. Bachelet, que ya consiguió el aborto –acotado, por el momento- y considera a la familia heterosexual un “estereotipo”, ha puesto urgencia a los proyectos de la llamada “identidad de género” y del matrimonio entre personas del mismo sexo, presión que ya ha conseguido, ayudada por una película, la moderación del rechazo original de parte de la derecha conservadora.
En consonancia con lo anterior, el N° 14 del artículo 19 de la propuesta bacheletista mantiene en los padres “el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, pero lo concede también “a quienes tengan el cuidado personal (de éstos) de acuerdo a la ley”. Un padre o una madre que hubieran perdido la tuición de un hijo por una demanda estatal sobre derechos sexuales, por ejemplo, entenderán fácilmente esa disposición.
Otro artículo polémico podría ser el 19 N° 9, que garantiza la libertad y el ejercicio de la objeción de conciencia y de todas las creencias y cultos “que no se opongan a lo dispuesto en la ley”. Serán entonces las prácticas leyes, no la deliberante conciencia individual o grupal, las que, según esto, deberán definir el límite de dicha libertad y su ejercicio, junto con someter a control los preceptos éticos y las doctrinas teológicas. Se podrá seguir creyendo en la Humanidad y alabando a Dios… solamente hasta que infrinja lo que ordena una ley.
Monopolio político
Nada hay hasta ahora que signifique a los políticos compartir aquella parte de su potestad que les corresponde compartir o que les implique competencia o fiscalización externas. Nada de democracia participativa, de reflexión colectiva ni de prensa capaces de reorientar la política y la economía ultraliberales vigentes, que tienen a la población chilena enfrascada –no toda a disgusto- en los negocios sin control, el consumo sin límites, la ambición individualista y la entretención farandulesca, como si no tuviera pasado ni futuro. Nada que la remeza del prolongado letargo cívico con que ha facilitado el actuar discrecional de los políticos y que muchos de éstos quisieran que fuera eterno.
Inspiración transnacional
Bachelet y Piñera representan nítidamente esa errática y cínica política, impuesta precursoramente por la dictadura y desarrollada exitosamente por sus sucesores. Los acuerdos políticos cupulares, la reducción del Estado, el fomento de los negocios multinacionales y el absoluto cumplimiento de una institucionalidad básicamente inalterable han sido reglas comunes a ambos. Coinciden en particular en su agrado por el modelo estadounidense. En 2009, al agradecer (en privado también) el premio de la Americas Society, la Presidenta Bachelet destacó más de una vez la estrategia de Obama. Y el Presidente Piñera, pese a no haberlo recibido (aún), contribuyó en 2011 con una sentencia para el bronce: “Chile está totalmente comprometido con la economía de libre mercado”, dijo a los ejecutivos de las empresas transnacionales que componen la organización.
Pero ninguno de ellos es un advenedizo. Bachelet arrasó en tres elecciones en 2013 y Piñera obtuvo una amplia mayoría en 2017, autoridad formalmente suficiente para seguir cosechando lo que contribuyen a sembrar.
La ex Presidenta asumirá un nuevo puesto internacional en la ONU, aunque aseguró que esta vez seguirá opinando sobre política interna, con miras quizá a un tercer mandato y a un reimpulso de sus nuevas ideas. La recibirán fuera, una vez más, con reconocimiento y admiración, escuchándole referir sus avances en educación, derechos femeninos, inmigración, diversidad sexual y ahora nueva Constitución no importando la coherencia ni el resultado de sus proyectos, la apática recepción de éstos por ciudadanos concentrados en sí mismos ni el hecho que el tan elogiado avance económico chileno no hubiera sido posible sin un régimen condenado universalmente: la dictadura de Pinochet.
Julio Frank S.
Foto: Traspaso del mando presidencial, 11 de marzo de 2018, gob.cl
