Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web. Ver detalles

9/8/08

Por qué cambiar una Constitución

Chile cumplirá 200 años de vida independiente dentro de algunos meses. Y los chilenos del siglo XXI, 30 con una institucionalidad no aprobada en democracia.


La Constitución de 1980, junto con negar una parte considerable de los derechos humanos y civiles, fue gestada, redactada y promulgada durante una dictadura, bajo estado de excepción. Peor aún, los políticos que asumieron posteriormente, tanto gobiernistas como opositores, le introdujeron sólo reformas puntuales, parciales e insuficientes y dieron por terminado el proceso de transición a la democracia sin consultar a la ciudadanía, manteniendo muchas arbitrariedades instituidas constitucionalmente.

Si bien el plebiscito de 1988 negó a Pinochet la posibilidad de continuar en el poder durante ocho años más y bajo su propia “democracia protegida”, no condujo hacia un sistema plenamente participativo como exigía el resultado en las urnas sino a una negociación en la cual los políticos concertacionistas cedieron ante los pinochetistas en torno a una Constitución “mixta”, con reformas democráticas para la gobernabilidad, pero que no terminaron con las aprensiones hacia los derechos políticos y sociales.

Producto de ello, los chilenos vivimos hoy una estabilidad sólo aparente, apoyada en la complacencia de una minoría enseñoreada y enriquecida y en la frustración e inercia de una mayoría privada de derechos esenciales, con poca capacidad de organización y sometida a una propaganda ideológica diaria que trata de hacer creer que la desigualdad y la injusticia son soportables; que de nuestro pasado patrio sólo quedan los libros de historia; que lo que vale ahora es esforzarse por bienes materiales y ser devotos de las cifras y que no existe una alternativa política.

Muchos compatriotas sobreviven aferrados a su empleo, temiendo perder el sustento ante cualquier contingencia ajena a su desempeño, además de empujados hacia el consumo compulsivo y el endeudamiento irreflexivo. Se entretienen largamente frente al televisor y leen los privilegiados periódicos conservadores, asimilando el bombardeo de farándula necia, exitismo ilusorio, violencia física y sicológica e ideas-fuerza lanzado implacablemente por los líderes mercadistas, ante los cuales los gobiernos de la Concertación, progresistas en el papel, se han rendido.

Muchos ni siquiera opinan, entregados a una vorágine extranjerizante que mina los valores autóctonos y cada vez más atemorizados por la creciente violencia delictual, la real y la propagandística. No les indignan los graves fraudes e inequidades sino, más bien, les amedrentan el poder y el descaro de sus autores. Aunque lo nieguen, no se ve que conciban su presente ni su futuro sin la figura de Pinochet mirándoles con severidad y recordándoles la vieja disyuntiva “o yo o el caos”.

Tenemos derecho a escoger –no es lo mismo que elegir- nuestras autoridades, pero no a ser consultados sobre otros temas de importancia nacional que permitan cambiar y mejorar nuestra realidad. No construimos nuestro propio destino.

Tras casi dos décadas de concertacionismo-aliancismo y a las puertas del Bicentenario, seguimos descansando sobre un gran miedo político a nuestro propio pueblo, unos, y a nuestras propias fuerzas armadas, otros, y sobre una gran y persistente defraudación económica a nuestro propio Estado.

Pero no estamos obligados a legar todo eso a las nuevas generaciones.

Una asamblea constituyente

Afortunadamente, el único facultado para declarar cerrada o no una etapa de la historia de un país democrático es su propio pueblo, soberano y principal acreedor de la deuda política. Dieciocho años son suficientes para madurar, reconocer lo bueno y lo malo y decidir por sí mismo el camino hacia el futuro.

Las protestas contra la actual institucionalidad y contra la resistencia a democratizarla de verdad siempre serán en vano mientras los interpelados no hagan más que cumplir su principal deber: respetar la Constitución vigente. De este modo, ha surgido desde distintos sectores ciudadanos mayoritarios una propuesta de cambio auténtica, concreta, coincidente y plenamente democrática: una Asamblea Nacional Constituyente. Es éste un organismo de miembros elegidos también por sufragio universal, que deben redactar una nueva Constitución Política del Estado, una que represente genuinamente los intereses, necesidades y aspiraciones de todos los chilenos, residentes dentro y fuera del territorio, y que nos ofrezca la verdadera ruta hacia el desarrollo en equidad.

Este clamor se originó discretamente en 2002, en la Región del Maule, en un grupo de estudiantes universitarios. Prosiguió en Santiago, a través de dos organizaciones no gubernamentales de promoción de la mujer y creció junto a un movimiento ciudadano impulsado por personas sin connotación pública de primera fila, que llamó incluso a marcar el voto como medida de presión. Un acuerdo en similar sentido adoptó, a fines de 2007, el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.

En la necesidad de una nueva Constitución concuerdan, además, los propios partidos de la Concertación, según sus últimos cónclaves, como también la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Aunque, debido a previsibles dificultades de organización y financiamiento, ninguno de esos movimientos y entidades ha puesto todavía la dedicación que un proyecto de esta envergadura requiere, la fortaleza de la convicción que los inspiró parece indicar que sólo es cuestión de tiempo (y de mayor esfuerzo).

La Constitución Política del Estado debe reflejar, después de todo, el alma de una nación. Es su ley más importante, pues a ella se sujetan todas las demás. Debe inspirar y orientar la búsqueda del bienestar y la felicidad de todos los habitantes de un país por el camino de la paz, la convivencia y el progreso. Una norma así, que identifique y represente auténticamente a los distintos sectores de la sociedad, debiera ser una meta política, comunitaria y jurídica para todos. Y no sólo ha de ser democrática en su contenido; también en su gestación.

Quienes adherimos y actuamos por una nueva Constitución Política para Chile, realmente democrática, a través de una asamblea constituyente, creemos estar dándonos nosotros mismos, todos los chilenos -adultos, jóvenes y por venir- la esperanza de un país más digno de vivir y querer.

Nuestra actual institucionalidad, paternalista y binominal, nos fue impuesta hace casi 30 años en dictadura. ¿No es razonable acaso que hoy nos autoimpongamos una en democracia, es decir, entre todos?


CHILENOS TODOS